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Jueves 23 febrero 2006

BOE núm. 46

3158 LEY U/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Con esta Ley la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ejerce la potestad legislativa que, en materia de transportes terrestres, le otorga el artículo 31.1.4.^a de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, y según la previsión contenida en el artículo 148.1.5.^a de la Constitución Española, teniendo en cuenta igualmente lo dispuesto en el artículo 33.15 del Estatuto de Autonomía.

Hasta la fecha las actividades de transporte se han venido rigiendo por la legislación estatal, contenida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de losTranspor-tes Terrestres (LOTT) y sus disposiciones de desarrollo, principalmente en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). Contemporáneamente a la LOTT, y como complemento de ésta, la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, delega la práctica totalidad de las competencias ejecutivas y de desarrollo reglamentario en esta materia.

Sobre la base de dicha regulación, y tras la precisión realizada por la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 27 de junio de 1996, que declaró inconstitucional el Capítulo VII delTítulo III de la LOTT, dedicado en su integridad a los transportes urbanos, y que dejó un vacío normativo sobre dicha materia, el desarrollo y crecimiento experimentado por Castilla-La Mancha en los últimos años, exige la aprobación de una ley autonómica propia que regule dicho transporte y que refleje las peculiaridades intrínsecas de nuestro territorio. Se acomete esta tarea cuando se ha acumulado en la Administración Autonómica la suficiente experiencia para determinar con exactitud los extremos de la legislación estatal que precisan de una adaptación previa para ajustarse a las necesidades de Castilla-La Mancha, y como culminación integradora a las actuaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de transportes tras el escalón previo y necesario del II Plan Director deTransportes.

El propósito de esta Ley no es, por tanto, introducir una nueva regulación para el conjunto de las actividades de transporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sino complementar y desarrollar el marco establecido por la legislación del Estado regulando aquéllos aspectos en los que la misma no se ajusta plenamente a las necesidades de esta Comunidad o muestra carencias que deben ser remediadas.

La Ley se ha estructurado en un Título Preliminar y cincoTítulos.

El Título Preliminar se dedica a las Disposiciones Generales y contiene la definición del objeto y ámbito de la Ley y los principios que rigen su aplicación. En este sentido, la Ley se ha concebido partiendo de la necesidad de que Castilla-La Mancha cuente con un sistema de transportes que responda a las necesidades de sus habitantes con plena adaptación a las características de su

geografía y la distribución de su población y actividades económicas. Se parte del derecho de la ciudadanía a disponer de la movilidad suficiente para hacer frente a sus necesidades y aprovechar sus oportunidades en condiciones lo más homogéneas posible, dando al transporte público la importancia que merece en un contexto en el que la predominancia del vehículo privado no resulta ni social ni, ambiental, ni energéticamente aceptable.

El Título I, dividido en cinco Capítulos, establece la delimitación de las competencias autonómicas y locales en la materia, destacando que se apuesta por una concepción amplia de las competencias municipales que faculte a los Municipios para asumir plenamente sus responsabilidades en el campo del transporte. Para ello se abandona la definición de transporte urbano que venía siendo aplicada desde la anterior normativa estatal, que limitaba la intervención local a los transportes que transcurrieran por suelo urbano, y se opta por atribuir a la competencia municipal todos los transportes de personas que no rebasen el ámbito del término municipal.

Se regula además la planificación y gestión de los transportes, y los instrumentos de coordinación e integración: Planes Coordinados de Servicios y los Planes de Movilidad; así como brevemente, los aspectos más generales de la vertiente competencial de la Ley, señalando cuales son los órganos que intervienen en la materia y fijando su cometido. En el último de los Capítulos se recogen los criterios aplicables en materia de financiación.

EITítulo II contiene la regulación de los transportes de competencia municipal, resaltando el hecho de que los Municipios pasan ahora a ser competentes para la gestión de todos los transportes de personas que no trasciendan de su territorio, independientemente de la clasificación urbanística del suelo por el que transcurran. La ley se decanta por un régimen concesional como modo ordinario para la gestión de estos servicios, sin excluir ningún otro de los permitidos por la legislación vigente. Este Título aborda además la coordinación de los servicios de transporte urbano e interurbano.

EITítulo III, «Disposiciones Particulares Sobre Deter-minadosTipos deTransporte», plantea una serie de novedades o diferencias importantes con respecto a la legislación del Estado.

En el Capítulo I se introduce el nuevo concepto de «transporte a la demanda», como modalidad que permite hacer frente a las necesidades de zonas de baja densidad en las que las habituales formas de prestación de los servicios de transporte no resultan satisfactorias. La flexibilidad que aporta esta fórmula permite superar los problemas que la existencia de itinerarios y horarios prefijados supone, pero sin llegar a plantear un servicio totalmente individualizado como es el del taxi. Ello no significa que en el transporte a la demanda no existan itinerarios, paradas u horarios, sino que puede prescindirse de alguno de estos elementos siempre que la prestación del servicio se inicie a iniciativa de las personas demandantes.