8509 LEY 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2006.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2006.

PREÁMBULO I

El marco de estabilidad presupuestaria conjugado con las políticas que más favorecen la mejora del bienestar y cohesión social, la mejora de la competitividad económica y la mejora del nivel y calidad de los servicios públicos de responsabilidad autonómica, han orientado la programación presupuestaria que regirá en este ejercicio de 2006.

En la elaboración de este presupuesto se ha tenido en cuenta la actual coyuntura económica, que exige una política presupuestaria capaz de romper con las tendencias del ciclo económico y acelerar el ritmo de crecimiento de la actividad productiva.

Este encauzamiento expansivo de la política presupuestaria repercutirá en la demanda interna de la economía, especialmente por el impacto que sobre la misma tendrán los gastos de inversión. Se trata, en definitiva, de incrementar el capital público, lo que contribuirá a aumentar el potencial de crecimiento de la economía.

Por ello, la financiación de estos Presupuestos se adapta a la estructura de gasto público que requiere la actual situación económica y social del archipiélago.

La recuperación de la economía asociada al favorable impacto de las mejoras que se han ido incorporando a la gestión tributaria han permitido incrementar los recursos que los tributos aportan a la financiación presupuestaria, sin que ello haya requerido el uso por la Comunidad Autónoma de su capacidad normativa para incrementar los tipos impositivos.

Igualmente, es importante destacar el impacto que, intramuros, tienen las medidas urgentes en materia de financiación sanitaria derivadas del Acuerdo de la II Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, refrendado posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 13 de septiembre del 2005.

La financiación presupuestaria ordinaria se complementa con una apelación neta al endeudamiento, como instrumento para financiar el déficit previsto para este ejercicio, en el contexto del Plan económico-financiero de

la Comunidad Autónoma, sin que ello suponga incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para la misma.

La política de gastos manifiesta una clara preocupación por mejorar el nivel de prestación y calidad de los servicios públicos de responsabilidad directa de la Administración autonómica, lo que redundará evidentemente en la mejora del bienestar y la cohesión social.

La asistencia sanitaria constituye uno de los objetivos primordiales en la asignación de los recursos presupuestarios. La dinámica de la demanda asistencial del archipiélago, condicionada por el aumento demográfico de Canarias, en el que influyen diversos factores como la elevación de la edad media de la población, con su consiguiente envejecimiento, la inmigración, el aumento de residentes temporales extranjeros, que ha revertido en un fuerte incremento de la demanda de servicios sanitarios, unido al reto de mejorar la calidad y eficacia de este servicio, así lo justifican. Por ello se contemplan importantes dotaciones para mejorar la calidad asistencial, especialmente para la reducción de listas de espera, la construcción y apertura de nuevos centros y para la mejora retributiva de los profesionales sanitarios.

La estabilización de la demanda del servicio educativo, reduce su presión sobre el gasto público, favoreciendo que el incremento de gastos se focalice hacia acciones de calidad y compensación educativa. En este sentido, destacan las consignaciones incorporadas al presupuesto para favorecer la gratuidad de los libros de textos, la generalización de la educación infantil, la enseñanza de idiomas y nuevas tecnologías y la mejora de la oferta de servicios en aquellas comarcas del archipiélago con altas tasas de crecimiento poblacional.

Las políticas de acción social y los compromisos adquiridos con los agentes socio-económicos en el marco de la concertación social se ven reflejados, igualmente, en los presupuestos. Especialmente en los ámbitos de menores, discapacitados y personas mayores, se incorporan las dotaciones necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos en esta materia con los Cabildos Insulares. Asimismo, se consignan dotaciones para favorecer la igualdad de oportunidades, la extensión de la red de escuelas infantiles y la mejora de la red de atención a los drogodependientes.

Asimismo, se incrementan los recursos para paliar los efectos de la inmigración, en particular, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura a través del Plan de Acción Social para dichas islas, al que hacía referencia la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Presupuestos para 2005.