BOE núm. 158

Martes 3 julio 2007

28595

Para solucionar estos problemas, el Plan de acción en materia de servicios financieros de la Unión Europea identificó el reaseguro como un sector que precisaba una actuación de nivel comunitario a fin de completar el mercado interior de los servicios financieros. Como resultado de esta iniciativa, se adoptó la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE, que establece un marco de supervisión prudencial para las actividades de reaseguro en la Unión Europea.

La razón de esta Ley es precisamente la incorporación al Derecho español de los aspectos de la Directiva 2005/68/CE que requieren rango legal.

La Directiva 2005/68/CE sigue el enfoque de la legislación comunitaria adoptada en materia de seguro directo, llevando a cabo la armonización básica para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión prudencial, haciendo así posible la concesión de una única autorización, válida en todo el Espacio Económico Europeo, y la aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen.

Por consiguiente, el acceso a la actividad de reaseguro y su ejercicio quedan supeditados a la concesión de una autorización administrativa única, expedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de reaseguros tenga su administración central, autorización que se concede previo cumplimiento de las condiciones de acceso que establece la Directiva, en sintonía con la regulación del seguro directo, aunque con las necesarias adaptaciones. Entre estos requisitos destacan los de forma jurídica; objeto social exclusivo, si bien podrán realizarse operaciones conexas de sociedad de cartera y otras de carácter financiero; exigencia de un programa de actividades; y cumplimiento de normas en materia de vínculos estrechos, socios y dirección efectiva.

En cuanto a las condiciones de ejercicio de la actividad por las entidades reaseguradoras autorizadas, la Directiva 2005/68/CE precisa los requerimientos de solidez financiera, en particular, la constitución de provisiones técnicas y de reservas de estabilización suficientes, la inversión de estas provisiones y reservas en activos de calidad, y la obligación de disponer de un margen de solvencia suficiente y de un fondo de garantía mínimo. Se recogen también normas precisas sobre participaciones significativas, cesiones de cartera y otras operaciones societarias.

Para una adecuada verificación del cumplimiento de estos requisitos y, en general, para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de las entidades reaseguradoras, las autoridades competentes del Estado miembro de origen deben disponer de los medios de supervisión necesarios, con inclusión de medidas de intervención, de garantía de la solvencia futura y de control especial, revocación, y el régimen infracciones y sanciones.

El alcance de la Directiva 2005/68/CE se extiende a las entidades reaseguradoras que realizan actividades exclusivamente de reaseguro, incluyendo a las denominadas entidades de reaseguro «cautivas», creadas o de las que son propietarias bien empresas financieras distintas de una entidad de seguros o de reaseguros o de un grupo de entidades de seguros o de reaseguros, o bien una o varias empresas no financieras, y cuyo objeto es proporcionar cobertura de reaseguro exclusivamente a los riesgos de las empresas a las que pertenecen.

Por lo que se refiere a las entidades de seguro directo que realizan también actividades de reaseguro aceptado, la Directiva 2005/68/CE prevé, con el fin de garantizar su

solidez financiera, que ciertas disposiciones en materia de garantías financieras de las entidades reaseguradoras deben también aplicarse a las actividades de reaseguro de las entidades de seguro directo cuando su volumen represente una parte significativa del conjunto de sus actividades.

La Directiva 2005/68/CE se aplica también a las actividades de reaseguro limitado («finite reinsurance»), para las cuales se prevé que los Estados miembros cuenten con la posibilidad de establecer disposiciones específicas. La naturaleza especial de las actividades de reaseguro limitado requiere el establecimiento de disposiciones de desarrollo de carácter reglamentario.

En la incorporación de la Directiva 2005/68/CEE al Derecho español de seguros debe tenerse presente que, frente a soluciones reguladoras distintas adoptadas en otros Estados de la Unión Europea, la legislación española sobre ordenación y supervisión de los seguros privados optó en su momento por aplicar «mutatis mutandis» a las entidades reaseguradoras el régimen de las entidades de seguro directo. Por ello, la transposición de un régimen comunitario de entidades reaseguradoras que sigue en sus líneas básicas la normativa de seguro directo no introduce cambios sustanciales en la regulación española sobre el reaseguro, contenida en el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en sus disposiciones de desarrollo. Más bien, la transposición de rango legal implica completar y sistematizar la regulación actual sobre la supervisión del reaseguro.

Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas cuestiones adicionales que requieren ciertas precisiones. Así, en cuanto a la liquidación de entidades reaseguradoras, cuestión no armonizada en el ámbito comunitario, se prevé, en líneas generales, la aplicación de lo previsto para las entidades aseguradoras. De esta forma, se mantiene la regulación vigente en cuanto a la posibilidad de liquidación de las entidades reaseguradoras españolas por el Consorcio de Compensación de Seguros, conforme a lo dispuesto en su Estatuto Legal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, si bien se introducen las modificaciones pertinentes en cuanto al recargo de liquidación, que no será de aplicación a las entidades reaseguradoras.

En una actividad que, como queda dicho, se caracteriza por su dimensión internacional, el régimen aplicable a las entidades extranjeras tiene ciertas peculiaridades. Por lo que se refiere a las entidades reaseguradoras domiciliadas en otros Estados del Espacio Económico Europeo se produce el reconocimiento de su actuación en España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones dictadas por razones de interés general. A este reconocimiento se le aplica, en general, el régimen previsto para las entidades aseguradoras europeas.