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Lunes 28 julio 2008

BOE núm. 181

ANEXO

Directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León

UNA AGENDA PARA EL GOBIERNO DEL TERRITORIO

I. Desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio

Entre los instrumentos de ordenación del territorio regulados en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, ocupan un lugar central las Directrices de Ordenación delTerritorio de Castilla y León, cuyo objetivo es la ordenación conjunta de la Comunidad mediante la definición de un modelo territorial que pueda utilizarse como marco de referencia para los demás instrumentos de ordenación del territorio, así como de orientación general para la política territorial de la Junta de Castilla y León.

En conjunto con otros documentos, como el Plan de Desarrollo Regional o la Estrategia de Desarrollo Sosteni-ble, las Directrices de Ordenación delTerritorio de Castilla y León deben servir para avanzar hacia el equilibrio territorial de nuestra Comunidad. En un contexto de integración económica global, ampliación de la Unión Europea y consolidación de la organización del Estado, las Directrices deben señalar las pautas para integrar todas las políticas públicas con incidencia territorial, en una acción de gobierno coordinada y eficaz.

Conforme al artículo 11 de la Ley 10/1998, las Directrices se formalizan en dos documentos: en primer lugar, el de las Directrices Esenciales, que deben aprobarse por Ley de las Cortes de Castilla y León; y en segundo lugar, el de las Directrices Complementarias, que deben aprobarse por Decreto, teniendo, por tanto, rango reglamentario. Por ello, las Directrices Esenciales tienen un carácter conceptual y una proyección genérica sobre el territorio, siendo misión de las Directrices Complementarias una mayor concreción geográfica y de contenidos.

Esta formalización se ha conseguido tras un largo proceso, que comenzó apenas aprobada la Ley 10/1998: el 4 de febrero de 1999 la Junta de Castilla y León acordó iniciar los trabajos; una vez culminados, la Orden de 24 de noviembre de 2000 de la Consejería de Fomento abrió un período de tres meses de información pública y audiencia a las Administraciones, ampliado por Orden de 22 de marzo de 2001. Posteriormente, se constituyó una comisión integrada por la Junta de Castilla y León, Diputaciones Provinciales y Federación Regional de Municipios y Provincias, de cuyo trabajo resultó el primer texto de Directrices Esenciales, con las aportaciones del Consejo Económico y Social, todo ello previamente a la tramitación formal del Anteproyecto de Ley de Directrices Esenciales.

Para alcanzar sus fines, las Directrices parten del conocimiento de la realidad territorial de Castilla y León, teniendo en cuenta cuanto se ha avanzado en el gobierno del territorio desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, hace 25 años. No sería coherente ni razonable un proceso de ordenación territorial que ignorase o minus-valorase la gran variedad de políticas activadas por las Administraciones públicas, hoy manifiestas en gran diversidad de acciones sectoriales con incidencia positiva en el desarrollo regional.

Las Directrices se proponen para cumplir la finalidad prevista en la Ley de Ordenación delTerritorio de Castilla y León. Establecen un modelo territorial al servicio del desarrollo sostenible y de la calidad de vida en Castilla y León. Un modelo adaptable y útil para afrontar un futuro que se presenta, en todo el mundo, complejo y lleno de incertidumbre.

II. Síntesis del diagnóstico de Castilla y León

Castilla y León es una de las regiones más extensas de Europa, situada en el espacio sudoeste y en el arco atlántico. Su orografía forma vastas llanuras centrales, campiñas y páramos, rodeadas por un borde montañoso de gran valor ambiental, rebasado a menudo por el territorio regional. Esta orla serrana genera la dicotomía entre montañas húmedas y planicies secas donde dominan los cultivos, que ocupan casi la mitad de la Comunidad. La otra mitad es forestal, y un tercio de la superficie está arbolada. Castilla y León es rica en recursos naturales: agua de buena calidad en ríos casi siempre regulados, energía y suelo.

En ese territorio, se despliega un poblamiento configurado en la Edad Media, disperso y poco denso: 27 habitantes por km², repartidos en 2.248 municipios y unos 6.000 núcleos concentrados en los entornos urbanos y en algunas comarcas periféricas. Con la despoblación disminuye la presión sobre el medio natural, que se está recuperando notablemente, pero también retroceden actividades agropecuarias que contribuían a su conservación. Por fortuna, apreciamos cada vez más nuestro patrimonio natural: un cuarto de Castilla y León forma parte de la Red Natura 2000 por albergar una flora y fauna escasas en otras latitudes. Un paisaje profundamente humanizado y con un patrimonio cultural de excelencia: más de 120 Conjuntos Históricos, varios de ellos Patrimonio de la Humanidad, conforman la red nuclear del poblamiento. En lo económico, destaca el peso de la agricultura y la energía, así como el dinamismo de la industria, tanto cuantitativo como por su extensión geográfica, que desborda los entornos urbanos en corredores de desarrollo. El sistema de ciudades, pese a las distancias entre los núcleos mayores y el escaso peso del nivel medio, se distribuye de forma correcta en el territorio, lo que permite articular estrategias coherentes de prestación de servicios.

La Ley 10/1998 ya señalaba algunas singularidades territoriales de Castilla y León: gran extensión, fragmentación administrativa, debilidad del sistema urbano, envejecimiento y dispersión demográficas, frágil implantación industrial...; todas ellas citadas en muchos estudios territoriales, que han moldeado un diagnóstico negativo, y la idea de que la política territorial debe corregir la realidad geográfica. Sin embargo, lo que Castilla y León necesita son políticas creativas, positivas y atentas a las características locales. En suma, un tratamiento integrador de las perspectivas sectoriales para evitar la yuxtaposición aleatoria de actuaciones sin un marco de referencia global.

Por tanto, nuestras singularidades deben reformu-larse en positivo. La acción pública no debe apoyarse sólo en lo que un territorio «ha sido»: debe fomentar lo que ese territorio «quiere ser». Es aquí donde los perfiles más positivos de Castilla y León adquieren sentido: como dice la Ley 10/1998, «estas limitaciones se ven compensadas por valores endógenos como la riqueza de sus espacios naturales y de su patrimonio cultural». Más allá del diagnóstico de los problemas, la ordenación del territorio es necesaria, no tanto para controlar tensiones de crecimiento como para organizar sinergias positivas. En esta dirección, el Plan de Desarrollo Regional insiste con acierto en la capacidad de iniciativa local, sin perjuicio de la necesidad de modernizar infraestructuras y equipamientos.

III. El objetivo de las Directrices: un modelo espacial de referencia para la acción territorial