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LEYES DE ASTURIAS
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LEY 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2001.
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BOE núm. 51

Miércoles 28 febrero 2OO1

7457

3991 LEY 3/2000, de 3O de diciembre, de Presupuestos Generales para 2OO 7.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Presupuestos Generales para 2001.

PREÁMBULO

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2001 marcan un hito en la historia compe-tencial de nuestra Comunidad Autónoma, al incluir el traspaso de bienes y servicios en materia de educación no universitaria. Este traspaso supone un importante avance en el autogobierno de Asturias, que se irá consolidando con las transferencias en sanidad y con un sistema de financiación autonómica capaz de garantizar la autonomía y la suficiencia financiera.

Las políticas y acciones que se articulan y desarrollan a través de los Presupuestos Generales para 2001 marcan las principales características de estos Presupuestos: unos Presupuestos de futuro, con clara vocación social, comprometidos con el empleo y la inversión y volcados en el conocimiento.

Todas las políticas recogidas en los Presupuestos para 2001 están claramente encaminas a consolidar la senda de recuperación económica de nuestra Comunidad Autónoma, de forma que llegue a todos los sectores de nuestra sociedad. Este objetivo se pretende alcanzar potenciando las políticas sociales redistributivas e inte-gradoras, que aseguran la igualdad y la calidad de vida.

En esta línea, los Presupuestos Generales para 2001 mantienen como uno de los objetivos prioritarios la promoción de alternativas para generar empleo estable, apoyando la creación de puestos de trabajo en los nuevos yacimientos de empleo, impulsando las políticas activas y el aumento de I + D + I, fomentando un mayor aprovechamiento empresarial de la investigación científica y reforzando las políticas de formación.

El Pacto Institucional por el Empleo, compromiso de legislatura de este Consejo de Gobierno, está demostrando ser un instrumento adecuado para el desarrollo de estas políticas y la mejora de los indicadores económicos, pero también va evidenciando que la intervención e implicación de las Administraciones locales, como parte activa en su desarrollo, así como en el diseño y ejecución de políticas sociales, no es sólo un factor de garantía de equilibrio y articulación de primer orden, sino también de eficacia y eficiencia.

En el ejercicio, por parte del Consejo de Gobierno, de una política social redistributiva, se incrementarán notablemente los niveles de protección y gasto social a través de actuaciones como el plan de atención a mayores, el plan de servicios concertados, los programas de atención a la infancia y lucha contra la drogodependen-cia, la promoción e igualdad de la mujer, las ayudas al acceso a la vivienda y el desarrollo de los recursos en materia de salud pública y asistencia sanitaria en el marco de las competencias actuales. Estas actuado-
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