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LEYES DE CASTILLA Y LEÓN
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LEY 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I + D + I) en Castilla y León
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Jueves 3O enero 2OO3

BOE núm. 26

1914 LEY 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I + D + I) en Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La promoción y fomento de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica constituyen una

prioridad estratégica para garantizar el progreso social y económico de cualquier sociedad moderna. Los cambios socioeconómicos verificados en las últimas décadas, los que están en curso y los que parecen avecinarse convierten la innovación tecnológica en una necesidad para que el tejido productivo y empresarial pueda ser competitivo en una economía cada vez más global. En consecuencia, el desarrollo y estímulo de los factores generadores de una mayor capacidad innovadora devienen elemento clave para la mejora de la competitividad, el crecimiento económico y las posibilidades de creación de empleo, con la consiguiente mejora del bienestar social.

La investigación científica, la generación de conocimiento y la innovación tecnológica se encuentran manifiestamente interrelacionados. Sólo las sociedades que cuenten con una oferta de conocimiento derivada de un sólido potencial investigador estarán en condiciones de generar innovación tecnológica, aunque para ello resultará crucial la concurrencia de otro elemento: La fluidez en la transferencia de conocimientos al sector productivo y empresarial.

La investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica constituyen en si mismos objetivos imprescindibles para cualquier sociedad moderna, pero combinar todos ellos en las proporciones adecuadas y fomentar su interactuación constituye una ineludible exigencia de futuro a la que Castilla y León no puede permanecer ajena.

Aunque desde el punto de vista del potencial de sus recursos científicos y tecnológicos la situación de partida de nuestra Comunidad Autónoma sea especialmente favorable, existen todavía un conjunto de problemas derivados de las peculiaridades sociales y económicas de nuestro territorio que se deben superar. Entre ellas se pueden citar el todavía escaso peso específico de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en comparación a otras Comunidades Autónomas españolas y regiones europeas; la falta de correspondencia entre los resultados obtenidos y el volumen de recursos humanos disponibles; la todavía escasa coordinación y gestión de los programas establecidos por los poderes públicos; el todavía escaso esfuerzo en innovación tecnológica de las empresas de Castilla y León; o el manifiesto desajuste entre las líneas de investigación desarrolladas y las necesidades reales del tejido empresarial, que dificulta seriamente la transferencia de los conocimientos obtenidos.

En este contexto, parece fuera de dudas la oportunidad de una Ley que establezca un marco ordenador de las actividades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en Castilla y León, de manera similar a lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas o en el propio Estado. La finalidad de la Ley es establecer una regulación sistemática de la actuación de la Junta
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