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Miércoles 18 enero 2006

BOE núm. 15

En materia de sanciones portuarias, y al igual que sucede en la Ley de Carreteras de Cantabria, en aras del principio constitucional de eficacia que ha de regir la actuación de la Administración y con objeto de agilizar los procedimientos sancionadores, se prevé el pago anticipado y voluntario de multas, con reducción de un 40%, que implicará, salvo que proceda imponer además otras medidas adicionales, únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Por otra parte, se prevé la posibilidad de modificar el modelo de gestión portuaria a través de la creación de una Entidad Pública Empresarial, en concordancia con el modelo de administración portuaria establecido por la Administración del Estado y otras Comunidades Autónomas y con el objetivo de potenciar los principios de eficacia, economía y rentabilidad enunciados por la Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria.

Se modifica el artículo 24.2 de la Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, a los efectos de dar mejor redacción a los aspectos legales relativos al ejercicio de funciones de aplicación de tributos, tanto de la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente como de la entidad pública de ella dependiente a la que se encomiende la gestión del canon de saneamiento, dado que, con la actual redacción de la disposición adicional única de la citada Ley 2/2002, no queda claro dicho extremo.

La Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria, regula, en su Título IV, la distribución y dispensación de los medicamentos de uso veterinario. En los artículos 43 y 44 se definen los establecimientos que podrán llevar a cabo las actividades de distribución y dispensación, atribuyendo su autorización al órgano sanitario competente de la Comunidad Autónoma, sin especificar cual debe ser éste. En el caso de los botiquines de urgencia (artículo 45), se dispone que será la Consejería de Sanidad, la competente para su autorización.

Con respecto a las actividades inspectoras de los establecimientos antes citados, la Ley 7/2001 no hace ninguna referencia concreta, disponiendo únicamente en su artículo 47.1, de una manera general, que corresponde a la Consejería de Sanidad «la realización de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley».

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso desarrollar y concretar las actuaciones respecto a los medicamentos de uso veterinario en Cantabria, determinando el ámbito competencial respectivo de las Consejerías de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Sanidad y Servicios Sociales. Todo ello con la finalidad de garantizar la correcta utilización y control de los medicamentos veterinarios, imprescindibles por otro lado, habida cuenta de sus repercusiones sobre el desarrollo de la ganadería, la salud pública y el medio ambiente.

En materia de infancia y adolescencia, se procede a la reforma de diversos preceptos de la Ley 7/1999, de 28 de abril, por la que se regula la protección de la infancia y la adolescencia. Así se introduce una previsión para hacer posible la obligatoriedad de la comparecencia personal de los padres o tutores en las dependencias de la Administración, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen. La confidencialidad de las actuaciones en los procedimientos de menores, así como la celeridad que requieren por ser estar sus sujetos en continuos evolución y desarrollo, hace necesario disponer de la posibilidad de comparecencia personal obligatoria en los procedimientos. Con esta Ley se da la cobertura requerida por la más reciente modificación de la legislación de procedimiento administrativo, que tiene carácter básico.

Se introduce una nueva infracción en la lista que prevé la Ley, para evitar una hipotética resistencia de los adoptantes a la realización de informes de seguimiento. Del mismo modo, se da cobertura legal a una multa coercitiva para adoptantes de menores provenientes del extranjero, para poder conseguir su cooperación para la emisión de informes requeridos, habida cuenta que una vez que se ha integrado el menor en su familia pueden negarse a la realización de los informes requeridos por los países de origen sin perjuicio para ellos, por el carácter irrevocable de la adopción. Sin embargo, la falta de emisión de los informes de seguimiento requeridos por los países de origen de los menores puede acarrear graves consecuencias para futuros adoptantes.

Se modifican los artículos 18.m) y 33.k) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ya que, actualmente, los Consejeros son los órganos competentes para la concesión de las subvenciones nominativas inferiores a 30.000 euros que representan la mayoría de las subvenciones que, con este carácter, figuran en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiendo, no obstante, la facultad de autorizar los convenios vinculados a la concesión de dichas subvenciones al Consejo de Gobierno.

Por lo tanto, a fin de agilizar la tramitación de los expedientes de gasto por la concesión de subvenciones nominativas de pequeña cuantía, procede facultar a los Consejeros para la firma de estos convenios sin necesidad de autorización previa del Consejo de Gobierno en estos casos y en aquellos otros en que una Ley les faculte expresamente.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria estableció en su Anexo II una relación de procedimientos administrativos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios.

En el momento presente parece oportuno incluir determinados procedimientos administrativos de gestión de personal relativos a las solicitudes formuladas por los interesados, salvo las relativas a vacaciones permisos y licencias, propios de la Consejería de Presidencia, Ordenación delTerritorio y Urbanismo, en atención a sus consecuencias económicas y organizativas, procedimientos en los cuales las solicitudes formuladas se podrán entender desestimadas una vez transcurridos los plazos máximos de resolución, sin que se hubiera dictado resolución expresa.

Asimismo, se ha considerado necesario actualizar parcialmente la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, incorporando medidas que favorecen la protección de las víctimas de violencia de género, de tal manera que se tendrá especial consideración, en los supuestos de movilidad geográfica entre las Administraciones Públicas, con las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

Igualmente, se modifica el artículo 42 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, en el sentido de suprimir, como requisito previo a la convocatoria de la oferta pública de empleo, la realización del oportuno concurso de méritos, adaptándolo así a lo dispuesto en apartado 4 del artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.